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El Gobierno mantiene una deuda por aproximadamente $100.000 millones en concepto de subsidios a las empresas de gas, debido a un atraso de entre tres y cuatro meses en los pagos correspondientes al régimen de zona fría. Este dinero corresponde a los consumos de gas de los últimos meses de 2025 y del primer trimestre de 2026, según confirmaron a Clarín diversas fuentes de distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural, así como funcionarios oficiales.
Esta deuda, conocida técnicamente como deuda «flotante», se origina cuando el servicio —en este caso, el consumo de gas— ya se realizó pero no ha sido pagado. Esta práctica permite al Ministerio de Economía mantener el superávit fiscal. Frente a ingresos insuficientes, el equipo económico liderado por Luis Caputo retrasa los pagos para equilibrar las cuentas públicas sin necesidad de emitir nueva deuda ni recurrir a emisión monetaria.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas, aplicado a todos los hogares de zonas consideradas «no frías», así como a la industria, centrales termoeléctricas y otros grandes consumidores. Los recursos recaudados se destinan a reducir entre un 30% y un 50% las facturas de gas de los usuarios residenciales en zonas frías, como la Patagonia, Malargüe (Mendoza), la Puna y cientos de localidades del interior del país, incluidas tras la ampliación del régimen impulsada por Máximo Kirchner en 2021.
Precisamente, la extensión del beneficio de los 900.000 usuarios originales a 3,4 millones derivó en un considerable aumento de los costos, que el sistema de recaudación del régimen de zona fría no logró cubrir. Así, un fondo fiduciarlo que inicialmente registraba superávit, debió incrementar progresivamente las alícuotas del recargo —de 4,46% a 5,44% en 2021 y hasta 7,5% a partir de abril de 2025— y finalmente enfrentó un déficit que el Estado cubrió mediante subsidios.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el año pasado el Tesoro Nacional transfirió $40.560 millones para cubrir el desequilibrio financiero del fondo fiduciario. En 2025, los ingresos alcanzaron un total de aproximadamente $451.000 millones, con un promedio mensual cercano a los $37.600 millones. Debido a mayores consumos en invierno, estas cifras tienden a incrementarse en la temporada fría y disminuir en verano.
Con la reducción del número de beneficiarios del régimen de zona fría —que perderán el subsidio quienes tengan ingresos familiares superiores a $4 millones— se espera una disminución del gasto del fondo fiduciario, generando un margen fiscal que permitirá al Gobierno saldar sus compromisos pendientes. Fuentes de la industria energética indicaron que la intención oficial es reducir progresivamente esta deuda hasta quedar al día.
El atraso en los pagos a los proveedores estatales, entre ellos petroleras y generadoras eléctricas, forma parte de la estrategia aplicada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para mantener el equilibrio financiero. Tras la devaluación inicial impulsada por el presidente Javier Milei y frente al problema de tarifas congeladas heredado del gobierno anterior, el equipo de Luis Caputo optó por emitir un bono a 14 años para cancelar una deuda en subsidios equivalente en pesos a 750 millones de dólares.
Los cambios en el régimen de zona fría también generan otros efectos en el sector energético. La medida garantiza que las exportaciones de gas natural a la región a través de gasoductos seguirán exentas del pago del recargo, y además incorpora como excepción a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Por lo tanto, integrantes del consorcio Southern Energy (SESA), tales como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, quedarán liberados del pago, lo que representa una ventaja competitiva para la venta de gas al exterior.
Asimismo, quedarán exentos proyectos aún sin decisión de inversión, como el desarrollado por YPF con ENI y Adnoc, el de Camuzzi en Buenos Aires y el de la Compañía General de Combustibles (CGC) a través de Chile.
La reducción de los beneficios del régimen de zona fría no solo otorgará un margen al Estado para saldar sus deudas, sino que también podría permitir, en el futuro, una reducción en la alícuota del 7,5%, cuando el fondo fiduciario vuelva a registrar superávit. Esta disminución impactaría en la reducción de costos energéticos para la industria y a mediano plazo bajaría el costo de la electricidad, disminuyendo así la necesidad de subsidios.
