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A casi dos años de su aprobación en el Congreso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar resultados y se consolida como un pilar fundamental para la esperanza de estabilidad económica en Argentina a mediano plazo, así como una fuente importante de dólares para los próximos cinco a diez años.
Al ofrecer mayores condiciones de competitividad frente a Chile y Perú, y reducir los riesgos financieros y cambiarios asociados a las reglas de juego, el RIGI ya ha acumulado promesas de inversión que alcanzan casi los 78.000 millones de dólares.
Sin embargo, todavía no se observa un crecimiento significativo en la industria local ni en el empleo relacionado con los sectores de minería y energía, que concentran la mayoría de los proyectos y de la inversión de capital en el país.
Según el análisis realizado por Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, existen más de 17.600 millones de dólares con aprobación oficial del Ministerio de Economía y alrededor de 46.000 millones de dólares en trámite ante organismos oficiales. Además, hay otros anuncios por 14.000 millones de dólares que aún no se han presentado formalmente, pero que están en carpeta.
El desembolso estimado para el período 2025-2028 asciende a aproximadamente 5.600 millones de dólares, según la planificación temporal de los proyectos, cuya ejecución total podría extenderse entre 15 y 20 años.
El RIGI, reglamentado en agosto de 2024, se presentó como la principal herramienta del gobierno de Javier Milei para transformar recursos naturales en infraestructura, acelerando proyectos que de otro modo se realizarían en plazos más amplios o que, sin estas garantías, no se explotarían. Se proyecta que las exportaciones de energía y minería puedan alcanzar los 60.000 millones de dólares anuales a partir de 2030, según lo señalado esta semana por Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Este régimen está diseñado para proyectos de gran escala, con una inversión mínima de 200 millones de dólares, y ofrece estabilidad fiscal por 30 años, beneficios aduaneros e impositivos, libre acceso a las divisas generadas y la posibilidad de que las empresas reclamen ante tribunales internacionales en caso de cambios normativos futuros. Estas condiciones responden a la demanda de multinacionales y empresarios locales tras décadas de inestabilidad, restricciones cambiarias y fluctuaciones regulatorias. La ventana para ingresar al régimen se mantendrá abierta hasta julio de 2027; posteriormente, el Gobierno anticipa que estas características serán la norma para toda la actividad.
Es importante señalar que algunos planes aún no cuentan con financiamiento ni decisión final, especialmente en la minería del cobre.
El proyecto de mayor inversión en marcha es el de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy, un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, con una inversión estimada en 6.878 millones de dólares. Este será el primer proyecto de licuefacción de gas natural a gran escala en Argentina y prevé invertir 2.800 millones de dólares hasta mediados de 2027 para instalar dos barcos en Río Negro, capitalizando la demanda global para diversificar fuentes energéticas en un contexto geopolítico complejo.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reiteró en 2024 que “sin RIGI no hay GNL”, enfatizando la importancia de la ley para el avance del proyecto. Fue, además, el primer gran anuncio de inversión en marcha bajo este régimen.
Otro proyecto relevante es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un emprendimiento conjunto de YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron, Shell y Gas y Petróleo (GyP) de Neuquén, con una inversión cercana a los 2.900 millones de dólares. Este oleoducto ampliará la capacidad de evacuación de petróleo crudo desde la cuenca Neuquina hasta la costa de Río Negro, facilitando la exportación principalmente hacia refinerías estadounidenses. Cada día sin operación del oleoducto implica pérdidas por aproximadamente 45 millones de dólares en divisas para el sector.
En el ámbito minero, destacan inversiones en litio y cobre. La minera angloaustraliana Rio Tinto proyecta invertir 2.744 millones de dólares en el yacimiento de litio Rincón, ubicado en el oeste de Salta, cercano a la Cordillera de los Andes. Por su parte, la canadiense McEwen Copper destinará 2.672 millones de dólares al desarrollo del proyecto Los Azules, en San Juan, para la extracción de cobre. También se contemplan inversiones menores, aunque estratégicas, en otros minerales como oro, plata y acero, así como en energías renovables.
En cuanto a los proyectos en trámite, las inversiones prometidas superan el doble de las ya aprobadas. El caso más destacado es Vicuña, un consorcio formado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, con un compromiso de aproximadamente 18.000 millones de dólares, considerada “la mayor inversión extranjera de la historia” para la extracción de cobre, oro y plata en el noroeste de San Juan. Este proyecto se desarrollará en varias etapas, con una primera fase que implicará desembolsos por 7.000 millones desde 2027 hasta 2030.
La multinacional suiza Glencore suma dos grandes proyectos en cobre: Pachón, con una inversión de 9.500 millones de dólares en San Juan, y MARA, por
